¿Qué regula el artículo 23 LOPJ?

El artículo 23 LOPJ regula cuándo tienen jurisdicción los tribunales españoles en
materia penal. Incluye la territorialidad, la personalidad activa, la protección de
intereses del Estado y la jurisdicción universal o extraterritorial condicionada.

¿La Audiencia Nacional conoce de todos los delitos graves?

No. La gravedad del delito no basta. La Audiencia Nacional solo conoce de los delitos
que encajan en alguno de los títulos competenciales previstos por la LOPJ.

¿Un delito internacional corresponde siempre a la Audiencia Nacional?

No. La internacionalidad del asunto no determina por sí sola la competencia.
Primero debe comprobarse si España tiene jurisdicción y después si existe un título
específico del artículo 65 LOPJ.

¿La corrupción internacional corresponde siempre a la Audiencia Nacional?

No. La corrupción en transacciones económicas internacionales puede activar la
jurisdicción española si concurre alguno de los vínculos del artículo 23.4.n LOPJ,
como nacionalidad española, residencia en España, intervención de una empresa
con sede en España o persona jurídica domiciliada en España. Pero la competencia
de la Audiencia Nacional exige además un título del artículo 65 LOPJ o una
conexidad real con delitos de su catálogo.

¿El blanqueo de capitales internacional es siempre competencia de la
Audiencia Nacional?

No. El blanqueo de capitales no es, por sí solo, un título autónomo de competencia
de la Audiencia Nacional. Puede corresponder a un órgano territorial si los actos
típicos se realizaron en España y no existe conexidad con un delito del artículo 65
LOPJ.

¿La falsificación documental añadida al blanqueo es competencia de la
Audiencia Nacional?

No necesariamente. Es habitual que en causas de blanqueo se añadan acusaciones
por falsedad documental, pero debe hacerse un triple análisis: tipicidad en España,
jurisdicción española conforme al artículo 23 LOPJ y competencia de la Audiencia
Nacional conforme al artículo 65 LOPJ. Una falsedad documental extranjera puede
ser un indicio del blanqueo sin constituir necesariamente un delito autónomo
enjuiciable en España.

¿Qué ocurre si los documentos falsos son extranjeros y se realizaron en el
extranjero?

Si fueron creados, usados y agotados íntegramente en el extranjero, sin efectos
jurídicos en España ni uso típico en operaciones españolas, puede discutirse su
tipicidad autónoma, la jurisdicción española y, en todo caso, la competencia de la
Audiencia Nacional. La acusación debe justificar cada uno de esos planos.

¿Qué ocurre si parte del delito se cometió en España?

Si una parte relevante de la conducta típica se ejecutó en España, puede operar la
territorialidad ordinaria. En ese caso, no siempre procede acudir a la competencia
de la Audiencia Nacional por delitos cometidos fuera del territorio nacional.

¿Qué papel tiene la jurisdicción universal?

La jurisdicción universal permite, en ciertos supuestos tasados, que España conozca
de delitos cometidos fuera de su territorio. Pero tras las reformas de 2009 y 2014 ya
no funciona como una cláusula abierta. Exige vínculos, requisitos legales y, en
muchos casos, apoyo convencional.

¿La conexidad puede atraer cualquier delito a la Audiencia Nacional?

No. La conexidad debe ser real, actual y procesalmente útil. No puede utilizarse para
atraer artificialmente delitos que no guardan una relación sustancial con un delito
competencia de la Audiencia Nacional.

Conclusión: jurisdicción española primero, Audiencia Nacional después

El artículo 23 LOPJ determina si España puede juzgar. El artículo 65 LOPJ determina
si, una vez afirmada esa jurisdicción, el asunto corresponde a la Audiencia Nacional.
Confundir ambos planos conduce a una expansión indebida del fuero central y
desnaturaliza la función excepcional de la Audiencia Nacional.

La LOPJ atribuye a la Audiencia Nacional materias penales de singular relevancia,
pero lo hace mediante un catálogo tasado y sobre la base de puntos de conexión
verificables. La jurisprudencia del Tribunal Supremo ha reforzado esta lectura al
exigir una interpretación estricta de los títulos competenciales y una acreditación
suficiente de los presupuestos que justifican apartarse del juez territorial ordinario.

En delitos económicos, incluidos los supuestos de corrupción internacional
vinculados a transacciones económicas internacionales, los resultados previstos por
la ley y los puntos de conexión deben ser reales y jurídicamente relevantes. En
blanqueo de capitales, lo decisivo es localizar los actos típicos: si se ejecutan en
España, puede operar la territorialidad; si todo ocurre fuera, deben cumplirse los
requisitos de jurisdicción extraterritorial del artículo 23 LOPJ; y la Audiencia Nacional solo será competente si existe título del artículo 65 LOPJ o conexidad real
con un delito de su catálogo. En falsificación documental, la regla es similar: la
falsedad ordinaria no activa por sí sola la competencia central, salvo encaje
específico en el artículo 65 LOPJ o conexidad real con un delito competencia de la
Audiencia Nacional.

En tráfico de drogas, organización y efectos en distintas Audiencias son requisitos
acumulativos. En delitos cometidos fuera del territorio nacional, la competencia
central exige que la comisión sea íntegramente extraterritorial. Y, en materia de
jurisdicción universal, la Audiencia Nacional solo puede actuar si previamente existe
jurisdicción española conforme al artículo 23 LOPJ o a un tratado internacional
aplicable.

La conclusión dogmática es clara: la Audiencia Nacional no es competente porque
un asunto sea importante, complejo, internacional, mediático o económicamente
relevante. Lo es únicamente cuando concurre un título legal específico y los puntos
de conexión previstos por la LOPJ aparecen suficientemente justificados.

En un Estado de Derecho, la competencia excepcional no se presume: se razona, se
acredita y se somete a control. Esa es la frontera entre la legítima especialización
penal y la expansión indebida del fuero central.

¿Necesita discutir la competencia de la Audiencia Nacional?

En investigaciones por blanqueo de capitales, corrupción internacional, falsificación
documental, delitos económicos, tráfico de drogas o estructuras societarias
transnacionales, discutir la competencia de la Audiencia Nacional puede ser una
cuestión decisiva para la estrategia de defensa.

Nuestro enfoque parte de una premisa técnica: no asumir nada. Analizamos primero
si existe jurisdicción penal española conforme al artículo 23 LOPJ; después, si
concurre un título específico de competencia de la Audiencia Nacional conforme
al artículo 65 LOPJ; y, finalmente, si la conexidad invocada justifica realmente atraer
delitos accesorios como blanqueo, falsedad documental, delitos societarios o
corrupción internacional.

Si se enfrenta a una investigación compleja ante la Audiencia Nacional o necesita
valorar si la competencia del órgano central está correctamente fundada, es esencial
revisar el caso desde el primer momento con una defensa penal especializada en
Derecho penal económico, Derecho penal internacional y litigación ante la
Audiencia Nacional.

Antes de asumir que la Audiencia Nacional es competente, revise jurisdicción, competencia y puntos de conexión.

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